Mediante la Casación N° 23590-2023, la Corte Suprema ha analizado -entre otros aspectos- la figura de la prescripción en los procedimientos administrativos en materia de libre competencia.
En particular, la Corte Suprema ha señalado que a dichos procedimientos les resulta aplicable el plazo de prescripción de cuatro (4) años previsto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (“LPAG”), y no el plazo de cinco (5) años contemplado en la ley especial (Decreto Legislativo N° 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas), que viene siendo aplicado por el INDECOPI en los procedimientos administrativos a su cargo.
En específico, la Corte Suprema fundamenta su decisión en que los procedimientos especiales no pueden establecer condiciones menos favorables para el administrado que las previstas en la LPAG, en línea con el régimen garantista que esta última recoge.
Si bien no se trata de un precedente vinculante, este es un criterio relevante de revisión en sede judicial que podría tener un impacto en investigaciones y procedimientos sancionadores en curso, particularmente en aquellos casos en los que la prescripción sea determinante.
