Responsabilidad penal de las personas jurídicas: posibles modificaciones a la Ley N° 30424 en el marco de la delegación de facultades legislativas

El 22 de octubre de 2026 se publicó la Ley Nº 32743, mediante la cual se delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, por el plazo de 90 días calendario contados desde su entrada en vigor, en determinadas materias. Entre ellas, se faculta al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Nº 30424 (ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas).

¿Qué modificaciones se podrían incorporar a la Ley N° 30424?

• Ampliar el ámbito de aplicación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas respecto de su participación en delitos vinculados con la criminalidad organizada y los mercados ilícitos.
• Comprender los supuestos en los que las personas jurídicas sean utilizadas para facilitar o encubrir actividades vinculadas con minería ilegal, extorsión, ciberdelincuencia u otras actividades delictivas comprendidas expresamente en la Ley Nº 30424.
• Fortalecer los deberes de prevención, control y debida diligencia de las personas jurídicas.
• Establecer criterios claros de imputación que permitan diferenciar la utilización o intervención empresarial en actividades criminales de los simples incumplimientos administrativos.

Marco general

La modificación de la Ley Nº 30424 forma parte del paquete de medidas orientadas a combatir la delincuencia, la criminalidad organizada y los mercados ilícitos. En este marco, se busca reforzar las herramientas de prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos.

La delegación establece, además, que las medidas que se adopten deberán respetar, entre otros, los principios de primacía de la Constitución, razonabilidad, legalidad, taxatividad, lesividad, proporcionalidad y convencionalidad, así como las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Potenciales implicancias para las empresas

De concretarse las modificaciones que emita el Poder Ejecutivo, las personas jurídicas podrían enfrentar mayores exigencias en materia de prevención, control y debida diligencia, así como una eventual ampliación de los supuestos de responsabilidad penal regulados por la Ley Nº 30424.

En ese contexto, cobrará especial relevancia la revisión y, de ser necesario, el fortalecimiento de los Modelos de Prevención de Delitos y demás mecanismos de Compliance implementados por las organizaciones, particularmente frente a los riesgos asociados con la criminalidad organizada y los mercados ilícitos.

La definición del alcance de estas modificaciones y de los criterios de imputación que finalmente adopte el Poder Ejecutivo será determinante para establecer las nuevas obligaciones y riesgos que podrían recaer sobre las personas jurídicas.

Las modificaciones a la Ley N.º 30424 deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo mediante los respectivos decretos legislativos, en ejercicio de las facultades delegadas por la Ley N.º 32743 y dentro del plazo de 90 días calendario. El alcance de los cambios dependerá de las disposiciones que finalmente se aprueben. En este contexto, resulta importante que las empresas evalúen la implementación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD) o, de contar con ellos, revisen su adecuación y eficacia, a fin de fortalecer sus mecanismos de prevención y gestión de riesgos legales.