El 20 de enero de 2026, se publicó el Decreto Legislativo N.º 1697 a través del cual se ha buscado fortalecer la autoridad del Estado y la observancia del principio de legalidad, adecuando la respuesta penal a la gravedad de las conductas que atentan contra la función pública y los mandatos legítimos de la autoridad.
Como consecuencia de ello, se han modificado los artículos 57° y 368° del Código Penal.
En lo referido al artículo 57° del Código Penal, la modificación se ha dado en su último párrafo, el cual a la letra señala lo siguiente:
